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Lunes, 26 Septiembre 2016 03:24

En seguridad... un trago amargo de cinco años con Eruviel

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En cinco años se han registrado y denunciado ante la Procuraduría estatal 1 millón 202 mil 431 ilícitos en el Estado de México.

A cinco años de haber tomado la administración del Gobierno del Estado de México, la evaluación del gobernador Eruviel Ávila Villegas pasa de forma inducida y con una narrativa positiva por los principales medios de comunicación, no así por las instituciones federales que de forma discreta pero contundente, emiten datos reveladores y encuentran hallazgos de una entidad donde en un lustro (septiembre 2011 a agosto 2016) se han registrado y denunciado ante la Procuraduría estatal 1 millón 202 mil 431 ilícitos.

 

Actos delictivos contabilizados que sólo atañen al fuero común, es decir, el 1.2 millones de eventos que sí se denunciaron, no incluye las carpetas de investigación iniciadas en el ámbito federal, por lo que evidentemente los indicadores delictivos son sustancialmente superior a lo aquí reportado.

 

Delitos del fuero común y federal (estos últimos no contabilizados en este espacio) a los que también se tienen que sumar aquellos actos delictivos que no fueron denunciados y por ende no generaron una carpeta de investigación, ya que por una u otra circunstancia la víctima se abstuvo de denunciar el hecho al Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).

 

Los reportes oficiales sobre los indicadores delictivos registrados en el territorio mexiquense que emite mes con mes el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) confirma la realidad que se vive en algunas zonas de municipios de la entidad mexiquense (consulta aquí  cifras oficiales http://bit.ly/2dceJmn ).

 

La numeralía delictiva en el Estado de México deja frio a cualquiera y sin lugar a dudas supera la capacidad de atención de cualquier institución encargada de procurar justicia, ya que en promedio la PGJEM atiende y tramita 545 carpetas de investigación al día.

 

Por esta última cifra es evidente que el esfuerzo de la PGJEM y sus aproximadamente 4 mil 700 funcionarios, se concentra y trata de hacer énfasis en aquellos eventos delictivos de alto impacto que logran transcender a la opinión pública. Cinco años de duros y fríos números Pese al redoblamiento de esfuerzos en materia de seguridad por parte del mandatario Ávila Villegas, el saldo en cinco años es el siguiente: 9 mil 861 homicidios dolosos, 253 mil 30 vehículos robados, 10 mil 544 violaciones (denunciadas), 236 mil 514 robos con violencia, 75 mil 417 robos a transeúnte, 41 mil 573 robos a casa habitación y 868 secuestros, entre otros.

Ante dicho escenario oscuro se puede sostener que durante el mes de septiembre ningún miembro de la clase política estatal, diputados y alcaldes, que representan a 17 millones de mexiquenses, quisiera estar en los zapatos de Ávila Villegas.

 

La razón es simple, cruda y avasalladora, el próximo miércoles 28 de septiembre el titular del Poder Ejecutivo tiene la obligación constitucional de rendir cuentas sobre el desempeño que ha tenido, junto con sus colaboradores, al frente de la administración estatal. Y no será nada sencillo afrontar que después de cinco años de “trabajo” la entidad se ubica con altas tasas de incidencia delictiva; admitir que las “grandes estrategias” para proteger a la población de la delincuencia común y organizada, no han logrado alcanzar los objetivos deseados y asumir que la situación en materia de seguridad no ha cambiado, no será fácil para el gobernador Eruviel Ávila.

 

En agosto de 2012 se cometieron y denunciaron 205 violaciones, en ese mismo mes pero de 2016 van 195; comportamiento similar mantiene el homicidio doloso ya que en esos mismos periodos se verificaron 183 y 173 eventos. Aquí algunas cifras:

Los ocho grandes y… la raja política

Cuando en la recta final de su administración el gobernador Eruviel Ávila Villegas reconoce que ocho (16%) de los cincuenta municipios más peligrosos del país están en territorio mexiquense, y pide que por esa situación adversa no se le critique desde la comodidad de un escritorio, “que nadie saque raja política de los temas de seguridad”.

 

“Convoqué hace un momento a mis compañeras y compañeros presidentes municipales, a hacer a un lado cualquier tema de tipo político, partidista o de grupo, así es que hagamos a un lado, y eso está muy claro, tintes políticos y partidistas, que nadie saque raja política de los temas de seguridad, y qué mejor, cuando tenga una propuesta, o cuando tenga algo bueno que aportar, lo haga, en lugar de estar en la comodidad de una oficina, en la comodidad de un lugar, señalando y criticando cuando lo que tenemos que hacer todos, es ponernos a trabajar, y poner manos a la obra, así es que tenemos un reto muy importante”, expreso el mandatario semanas atrás.

 

Ante esa postura, sin duda, el mandatario está intentando disfrazar la ineficacia que el Gobierno del Estado de México ha tenido para atajar la inseguridad que aqueja a un amplio sector de la población, pero principalmente a los habitantes de zonas urbanas y semiurbanas como Chimalhuacán, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco. Municipios de alto riesgo ya que de enero a julio del presente año, acumularon en conjunto poco más de los 50 mil delitos denunciados, cifra que representa alrededor del 47 por ciento del total de carpetas de investigación generadas en todo el Estado de México en ese periodo.

 

Un reconocimiento de tal envergadura, ocho municipios de la entidad mexiquense con altos indicadores delictivos, pone en serios apuros al titular del Poder Ejecutivo estatal Ávila Villegas, ya que indirectamente está admitiendo que fracaso su programa “maestro” del sexenio estatal para combatir la inseguridad: Mando Único puesto en marcha el 4 de marzo de 2013.

 

A excepción de Nezahualcóyotl (donde se realiza un esquema de mando coordinado), teóricamente el Mando Único se ejecuta desde la fecha referida hasta este momento, no obstante tres años y medio después los resultados no han

 

sido nada alentadores pese a implementarse en mayor o menor medida, 29 programas de seguridad por parte de policías estatales y municipales en esas demarcaciones de alta conflictividad.

 

Los operativos son: Pasajero Seguro, Sendero Seguro, Escuela Segura, Mochila Segura, Cordón de Seguridad, Contra Robo a Casa Habitación, Andador Seguro, Filtros, Puntos de Bloqueo, Moto Segura, Contra Robo de Vehículos, Operativos de Seguridad Intermunicipal, Contra Robo a Transeúnte, Operativo Metropolitano, Operativo Coordinado-Bases de Operación Mista (BOM), Operativo Municipal, Operativo Seguridad en Bares, Operativo de Seguridad en Festividades. Operativo Alcoholímetro, Anden Seguro, Contra Robo de Autopartes, Camino Seguro Coordinado, Operativo Escudo, Operativo Velada, Operativo Blindaje, Contra Robo a Cuentahabiente, Contra Robo a Comercio y Dispositivo Candado, entre otros que se practican, en mayor o menor medida, en los ocho municipios referidos. Medidas de seguridad que no han logrado disminuir los delitos, aquí las cifras oficiales de esos ocho municipios mexiquenses:

 

Resta un año

 

El mandatario Eruviel Ávila Villegas y su inestable equipo de trabajo en materia de seguridad, han intentado todo para atajar a los delincuentes, pero de acuerdo a las cifras anteriores, la estrategia no ha resultado.

 

Quizás porque la policía estatal ha tenido cuatro titulares: Salvador Neme Sastre, Rocío Alonso Ríos, Damián Canales Mena y Eduardo Valiente (actual) y una suerte similar se presentó en la casa de enfrente, la PGJEM, ya que en su oficina principal se han sentado: Alfredo Castillo Cervantes, Miguel Ángel Contreras Nieto y Alejandro Gómez Sánchez (actual).

Aquí los principales programas y acciones gubernamentales aplicados para fortalecer las acciones policíacas y combatir a la delincuencia: Control de confianza, “endurecimiento” del Código Penal mediante trece reformas, Mando Único,

implementación de Bases de Operación Mixta ( BOM), transformación de Secretaría de Seguridad Ciudadana a Comisión Estatal de Seguridad (CES), habilitación de diez mil cámaras de vídeo-vigilancia y la habilitación de la Fuerza Especial de Seguridad (FES), entre otras medidas como incrementos salariales e incentivos a policías, son las acciones que se han emprendido para intentar atajar a los delincuentes que operan en el Estado de México.

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